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Revisa criterios interpretativos emitidos por la Dirección Técnico Normativa del OECE y entra a cada opinión para conocer su criterio principal.
En la normativa anterior, el pago en contratos de supervisión bajo sistema a tarifas se determina por el tiempo efectivo de prestación, computado en días calendario, hasta la recepción o liquidación de la obra; no se paga supervisión durante subsanación de observaciones ni demora imputable al contratista, pero sí se paga durante demora no imputable al contratista.
Ver criterio →Es posible que el adjudicatario presente análisis de precios unitarios con equipos distintos a los previstos en el expediente técnico, siempre que estén técnicamente justificados y cumplan las exigencias del expediente; no obstante, debe respetar las características mínimas establecidas y considerar obligatoriamente el equipamiento estratégico cuando corresponda.
Ver criterio →El plazo para presentar la liquidación permanece suspendido hasta que la controversia sobre la resolución contractual sea resuelta definitivamente y quede firme con el laudo arbitral; no se aplica preferentemente la regla general del numeral 251.3 del anterior Reglamento en estos casos.
Ver criterio →Para configurar el impedimento Tipo 3.A, la persona natural debe estar impedida conforme a los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley y tener o haber tenido una participación superior al 30% en la persona jurídica dentro de los doce meses anteriores; el impedimento para la persona jurídica se produce al inicio del cargo de la persona impedida y su alcance se determina conforme al impedimento de esta persona natural.
Ver criterio →En obras bajo diseño y construcción con Estudio Básico de Ingeniería, el límite del 50% de incremento presupuestal se determina respecto al presupuesto detallado de la oferta y su superación conlleva la resolución del contrato sin responsabilidad de las partes, conforme al numeral 222.4 del artículo 222 del anterior Reglamento.
Ver criterio →Los mayores gastos generales variables reconocidos por ampliación de plazo deben asociarse al periodo adicional otorgado. En ampliaciones por ejecución de prestaciones adicionales con gastos generales incluidos en su presupuesto, no se aplica la fórmula general de cálculo para evitar duplicidad.
Ver criterio →La retención de la garantía de fiel cumplimiento debe distribuirse proporcionalmente entre los pagos de la primera mitad del contrato, sin un criterio único obligatorio para el prorrateo, y sin un límite máximo individual para cada retención, siempre que se garantice la cobertura total del monto y se considere la disponibilidad de recursos del contratista.
Ver criterio →La deducción de penalidades bajo la anterior normativa puede efectuarse en cualquiera de las oportunidades previstas, incluyendo pagos a cuenta, valorizaciones, pago final o liquidación final, sin distinción por sistema de contratación, y penalidades no deducidas en valorizaciones deben considerarse en la liquidación final o cobrarse de la garantía de fiel cumplimiento.
Ver criterio →La Entidad no puede aceptar como garantía de fiel cumplimiento un fideicomiso con patrimonio inferior al 10% del monto del contrato original ni uno que se constituya progresivamente mediante pagos parciales o periódicos derivados del propio contrato.
Ver criterio →La supervisión y el órgano de la entidad que elabora, emite conformidad o aprueba expedientes técnicos pueden formular observaciones al expediente técnico de adicionales de obra cuando adviertan deficiencias o riesgos para la correcta ejecución, debiendo detallarse el sentido y sustento técnico. La entidad dispone de doce días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud y, en caso de pronunciamiento desfavorable, el contratista puede reformular el expediente conforme a las observaciones, manteniendo la necesidad de la prestación adicional.
Ver criterio →Bajo la anterior normativa, el gasto general variable diario se calcula al inicio y permanece constante durante la ejecución; la fórmula reglamentaria es el único método válido para cuantificar mayores gastos generales variables en ampliaciones de plazo distintas a paralizaciones totales, y la acreditación documental solo es exigible en casos de paralización total de obra.
Ver criterio →Ante incompatibilidad entre cláusulas contractuales y la normativa de contrataciones del Estado, prevalece esta última, y en contratos de bienes la devolución de la garantía de fiel cumplimiento solo procede tras conformidad de recepción sin requisitos adicionales.
Ver criterio →Bajo la anterior normativa, la Entidad puede deducir provisionalmente los costos de supervisión o inspección por atrasos imputables al contratista sin que la imputabilidad definitiva esté resuelta, pero debe reintegrar lo descontado si la controversia se resuelve a favor del contratista; la asunción provisional es una facultad discrecional orientada a garantizar la continuidad de la obra.
Ver criterio →Cuando un contrato por paquete es resuelto total o parcialmente por causas imputables al contratista y dicha resolución queda consentida o declarada procedente, la Entidad puede ejecutar la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad, independientemente de la forma en que fue constituida.
Ver criterio →El contratista con condición de MYPE puede solicitar la variación de la garantía de fiel cumplimiento de carta fianza a retención del 10% antes del inicio de la ejecución del contrato, y la Entidad puede autorizarla siempre que se pueda efectuar la retención prorrateada durante la primera mitad de los pagos, sin existir procedimiento específico para dicha variación, correspondiendo a la Entidad definir su implementación.
Ver criterio →El plazo de 15 días para presentar el expediente técnico del adicional se computa desde la anotación en el cuaderno de incidencias, la presentación está supeditada a la ratificación del supervisor, la demora en el informe del supervisor no suspende el plazo para presentar el expediente técnico, el plazo adicional es mínimo y puede ampliarse, la notificación se realiza mediante Pladicop o medios físicos, y para el cálculo del límite máximo de adicionales se deben restar los presupuestos deductivos vinculados.
Ver criterio →Los contratos de supervisión suscritos bajo estándares internacionales estandarizados pueden ser considerados como experiencia similar en procedimientos de selección para supervisión de expedientes técnicos y ejecución de obras, siempre que las prestaciones ejecutadas correspondan a la especialidad y subespecialidad requerida y se acrediten documentalmente, prevaleciendo el análisis técnico-material sobre la denominación formal del contrato.
Ver criterio →Es jurídicamente posible emplear el fideicomiso para adelantos directos y para materiales en contratos bajo diseño y construcción con componente de ejecución mayor a S/ 5,000,000.00, mediante modificación contractual que no altere elementos esenciales, excluyendo el componente diseño, y cumpliendo las condiciones normativas para modificaciones.
Ver criterio →La Entidad contratante debe verificar el cumplimiento de la formalidad exigida por el Reglamento Consular en la etapa de perfeccionamiento del contrato, no en la presentación de ofertas, donde se aceptan documentos en copia simple con traducción oficial, y la fiscalización posterior es la herramienta adecuada para validar dichos documentos.
Ver criterio →El postor con exoneración del IGV debe presentar oferta económica equivalente al 100% de la cuantía sin IGV, y la evaluación solo verifica que el monto ofertado coincida con dicho 100%, sin evaluar el detalle del monto ofertado.
Ver criterio →Un postor que participa individualmente puede acreditar experiencia obtenida en contratos ejecutados en consorcio presentando la documentación que demuestre el porcentaje de obligaciones asumidas y la vinculación directa de las actividades con el objeto de la contratación; la limitación normativa sobre experiencia conjunta aplica solo a consorcios que presentan oferta conjunta.
Ver criterio →En contratos sujetos a la Ley General de Contrataciones Públicas, mientras no se implemente la Pladicop para notificaciones durante la ejecución contractual, el apercibimiento y la resolución se notifican mediante carta notarial con sustento, excepto en contratos menores donde se utilizan medios físicos y digitales disponibles para la entidad contratante.
Ver criterio →En contratos a precios unitarios, no existe un porcentaje mínimo general de ejecución, pero la Entidad debe garantizar que las cantidades referenciales sean razonables y cumplir con mínimos establecidos; la reducción de hasta 25% no obliga a ejecutar el 75% restante, pero limita la potestad de modificación unilateral para preservar el equilibrio contractual.
Ver criterio →El presupuesto deductivo vinculado debe restarse para determinar el impacto económico de las prestaciones adicionales; la autorización previa de la Contraloría es requisito habilitante para adicionales mayores al 30% hasta 50%, y la potestad de aprobar prestaciones adicionales corresponde a la entidad contratante.
Ver criterio →El área usuaria y el residente de obra tienen roles institucionales y funciones excluyentes; el residente de obra no puede ejercer funciones del área usuaria ni emitir conformidad ni aplicar penalidades, que corresponden exclusivamente a la entidad contratante.
Ver criterio →La JPRD tiene competencia general para resolver controversias técnicas y contractuales durante la ejecución contractual, puede dictar medidas provisionales dentro de límites razonables y sus decisiones son obligatorias y de cumplimiento inmediato, sin restringir el derecho a mecanismos definitivos posteriores.
Ver criterio →La valorización acumulada programada y ejecutada comprenden las prestaciones contratadas y modificaciones aprobadas; el retraso injustificado en la ruta crítica incluye actividades que se vuelven críticas por pérdida de holgura; la orden de presentar programas acelerados debe anotarse en el cuaderno de incidencias, comunicando al contratista y marcando el inicio del plazo para su presentación.
Ver criterio →La ampliación de plazo por demora en la absolución de consultas requiere que la demora sea no imputable al contratista, que cause atraso o paralización que afecte la ruta crítica, y que la consulta haya sido formulada con anticipación suficiente; el procedimiento de absolución de consultas y el de aprobación de prestaciones adicionales son independientes y no se admiten actuaciones adicionales que justifiquen la inobservancia de los plazos para absolver consultas.
Ver criterio →Los beneficios para MYPES, como la bonificación del 5% y la reducción del monto de experiencia exigida, no son aplicables en procedimientos de licitación pública abreviada para bienes homologados cuya cuantía supere el umbral de dicha modalidad; además, los evaluadores deben adecuar las bases estándar conforme a las circunstancias del caso.
Ver criterio →Para aplicar la causal de contratación directa del literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley en contratos de obra bajo sistema de solo construcción, es indispensable que exista un avance en la ejecución física de la obra; no puede contratarse el saldo si está pendiente el 100% de la ejecución física.
Ver criterio →Cuando el comité de recepción advierte deficiencias tras emitido el certificado de conformidad técnica, debe reiniciarse el procedimiento de recepción y emitirse un nuevo certificado que sustituye al inicial; la recepción y acta están condicionadas al cumplimiento total de las prestaciones y al levantamiento completo de observaciones.
Ver criterio →Mientras no se implemente el nuevo modelo de certificación previsto en el artículo 16 del Reglamento, la intervención de personal no certificado no constituye causal de nulidad, cancelación o suspensión del proceso de contratación, y para ser responsable de la DEC se requiere certificación sin nivel específico, siendo la designación competencia exclusiva de cada entidad.
Ver criterio →Bajo la anterior normativa, la entidad podía declarar la nulidad del contrato si verificaba falsedad o inexactitud en la información presentada por el contratista durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo, y para requerir descargos bastaba la identificación razonada de posibles vicios de nulidad.
Ver criterio →Durante la ejecución contractual, las comunicaciones deben realizarse conforme a la normativa y contrato; cuando no hay plazo reglamentario para respuesta, se aplica el plazo contractual salvo prórroga acordada; la Ley General de Contrataciones Públicas prevalece sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General en esta materia.
Ver criterio →En contratos de obra bajo sistema de solo construcción, cuando el contratista elabora el expediente técnico del adicional, la Entidad debe notificar resolución sobre la solicitud de prestación adicional dentro del plazo establecido, incluso si el supervisor emitió opinión desfavorable sobre el expediente técnico.
Ver criterio →La figura del adelanto por avance regulada en la Ley N°32069 y su Reglamento no resulta aplicable a contratos de ejecución de obra perfeccionados bajo la Ley N°30225, debido a la aplicación ultractiva de la anterior normativa y el principio constitucional de invariabilidad de los términos contractuales.
Ver criterio →La constitución del fideicomiso prevista en el numeral 116.1 del Reglamento no suspende la ejecución contractual, sino que condiciona únicamente la realización de pagos y valorizaciones por parte de la Entidad.
Ver criterio →En contratos de obra bajo el sistema de solo construcción con adelantos directos previstos, el contratista debe solicitarlos dentro de los diez días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, adjuntando el mecanismo de garantía, incluso si es fideicomiso, y la entidad no puede establecer un plazo distinto.
Ver criterio →Durante la vigencia del vínculo laboral del servidor público Tipo 1.F, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad están impedidos de participar en todos los procesos de contratación de la entidad. Tras la culminación del vínculo, el impedimento se mantiene por seis meses solo si el servidor tuvo influencia, poder de decisión, información privilegiada o existe conflicto de intereses.
Ver criterio →Desde la fecha de convocatoria y la fecha en que inicia la presentación de ofertas no pueden mediar menos de diez días calendario, y la presentación de consultas y observaciones debe tener un plazo no menor a siete días hábiles, sin que exista incompatibilidad entre estos plazos.
Ver criterio →La DEC y sus Compradores públicos aplican penalidades por incumplimiento injustificado; el supervisor no aplica penalidades. La penalidad por mora se aplica automáticamente ante retraso injustificado, siendo responsabilidad del contratista justificar el retraso. Las otras penalidades deben estar definidas y verificadas conforme al contrato. Las penalidades pueden deducirse de valorizaciones o liquidación con transparencia al contratista.
Ver criterio →La garantía de fiel cumplimiento debe exigirse o exceptuarse considerando únicamente los contratos suscritos entre el postor y cada entidad contratante de manera individual, aplicando la excepción de 50 UIT por entidad y no por el total consolidado de la compra corporativa.
Ver criterio →Ante vacíos normativos en la fase de ejecución contractual, debe aplicarse supletoriamente el Código Civil compatible y no la Ley del Procedimiento Administrativo General, salvo para actos internos de la entidad que manifiestan su voluntad en la gestión contractual, donde puede aplicarse la LPAG previa análisis de compatibilidad.
Ver criterio →La supervisión debe realizar la verificación de retrasos y atrasos en la valorización correspondiente al período evaluado, determinar si son atribuibles al contratista para aplicar medidas de control, anotar dicha verificación y medidas en el cuaderno de incidencias al momento de la determinación, y atender oportunamente las observaciones de la entidad contratante sobre los documentos presentados.
Ver criterio →El retraso en el pago de valorizaciones genera intereses legales salvo caso fortuito o fuerza mayor; los reajustes se calculan y aplican conforme a fórmulas polinómicas y potestad del contratista; el reajuste reconocido en valorizaciones es base para intereses legales, mientras que el monto pendiente de regularización no genera intereses hasta su determinación.
Ver criterio →El contratista no puede iniciar actividades que impliquen avance físico de la obra antes del cumplimiento de las condiciones aplicables del numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento; sin embargo, puede realizar actividades preparatorias que no impliquen inicio de trabajos propios de ejecución bajo su exclusiva responsabilidad.
Ver criterio →Si el profesional reemplazado acreditó un perfil que generó puntaje adicional, el profesional sustituto debe acreditar, como mínimo, el mismo nivel de calificación que sustentó dicho puntaje para mantener el nivel técnico y la validez del resultado del procedimiento de selección.
Ver criterio →La autoridad o servidor competente para aprobar ampliaciones de plazo en contratos de obra, incluyendo aquellos provenientes de procedimientos no competitivos por emergencia, debe definirse conforme a los documentos de gestión interna de la entidad contratante, tales como el ROF o MOF, y no puede ser ejercida por cualquier servidor sino por quien tenga atribuciones para decisiones en gestión contractual.
Ver criterio →El contrato de supervisión celebrado bajo la Ley Nº 30225 se rige por dicha normativa, sin perjuicio de que la supervisión debe cautelar que la obra se ejecute conforme a la Ley Nº 32069 cuando esta rige el contrato de obra; la diferencia normativa no impide la continuidad de la supervisión, pero las funciones vinculadas a la obra deben sujetarse al régimen que regula la ejecución de la obra.
Ver criterio →Los numerales 225.7 y 225.8 incorporados al artículo 225 del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF por el Decreto Supremo Nº 278-2024-EF son aplicables solo a contratos derivados de procedimientos de selección convocados desde el 22 de diciembre de 2024 en adelante.
Ver criterio →Los evaluadores deben respetar la configuración y metodología de los factores de evaluación facultativos previstos en las Bases Estándar, pudiendo efectuar solo los ajustes expresamente permitidos, manteniendo la estructura de rangos o intervalos salvo habilitación expresa, y la facultad para ajustar factores se ejerce en el marco obligatorio y vinculante de las Bases Estándar aprobadas por la DGA.
Ver criterio →La normativa permite el pago anticipado íntegro o parcial al inicio del contrato si es condición de mercado y se otorga garantía previa; el inicio del plazo de ejecución no impide dicho pago, debiendo regularse su oportunidad en las Bases.
Ver criterio →La normativa aplicable al contrato derivado de un procedimiento de selección no competitivo es la vigente al momento de su perfeccionamiento, no aplicándose la aplicación ultractiva prevista para otros procedimientos con convocatoria.
Ver criterio →El representante común y el residente de obra cumplen roles distintos en la ejecución contractual: el primero ejerce derechos y obligaciones contractuales, y el segundo es responsable técnico de la obra sin facultad para modificar el contrato; además, la presentación de documentos técnicos por el representante común no equivale a su elaboración o aprobación técnica.
Ver criterio →La actualización del PEO bajo el anterior Reglamento es un ajuste técnico solicitado por el supervisor o inspector para reflejar el avance real sin afectar la ruta crítica y no constituye modificación contractual; solo las modificaciones previstas en la Ley requieren adenda. Bajo la normativa vigente, el PEO puede elaborarse con metodología CPM u otro método con sustento técnico de la entidad, y el control del avance debe realizarse con el calendario aprobado derivado del PEO vigente.
Ver criterio →En procedimientos de selección no competitivos, el consorcio es el postor y contratista mediante su representante común, quien actúa en nombre y representación del consorcio sin reemplazarlo ni asumir obligaciones propias, y debe no estar inmerso en impedimentos para contratar con el Estado conforme al artículo 30 de la Ley.
Ver criterio →En procedimientos de selección no competitivos, el consorcio es postor y contratista mediante su representante común, quien actúa en nombre y representación del consorcio y debe estar libre de impedimentos para contratar con el Estado conforme al artículo 30 de la Ley.
Ver criterio →La expresión 'mismo tipo de objeto' se refiere a la clasificación normativa de bienes, obras y servicios; la experiencia para desafectar el impedimento debe ser previa en la misma Entidad y tipo de objeto; para servicios, la experiencia debe ser continua e ininterrumpida por dos años consecutivos dentro de los dos años previos a la convocatoria o adjudicación.
Ver criterio →En contratos bajo el sistema de solo construcción, la culminación anticipada de la obra obliga a la Entidad a pagar el gasto general variable diario por los días de diferencia entre el plazo contractual y la ejecución real; en diseño y construcción, este beneficio es aplicable solo si está previsto en las bases.
Ver criterio →El laudo arbitral bajo la anterior normativa de contrataciones públicas es obligatorio desde su notificación, pero su eficacia se configura únicamente tras la notificación a las partes y el registro en el SEACE, siendo este último un requisito indispensable y bajo responsabilidad del árbitro único o presidente del tribunal arbitral.
Ver criterio →Ante la ausencia del miembro titular del comité, el suplente asume su posición en lo sucesivo del procedimiento de selección en la etapa en que este se encuentre, sin que ello implique una preclusión definitiva para el titular ni afecte el desarrollo del procedimiento.
Ver criterio →La anterior normativa de contrataciones del Estado no exigía autorización previa de la Contraloría General de la República para la ejecución y pago de mayores metrados en contratos de obra bajo sistema de precios unitarios, incluso si estos superaban el 15% del monto original; dicha autorización era requerida solo para prestaciones adicionales de obra que superaran ese porcentaje.
Ver criterio →La excepción para contratar con proveedores no domiciliados de productos farmacéuticos estratégicos es exclusiva para MINSA y ESSALUD, no requiere inscripción en el RNP y debe respetar las normas técnicas obligatorias aplicables.
Ver criterio →El suplente debe asumir inmediatamente la participación en el comité de selección ante ausencia justificada del titular; la admisión y calificación de ofertas se realizan conforme a requisitos documentarios y técnicos, permitiendo subsanación de errores materiales o formales que no alteren el contenido esencial; la falta de inscripción vigente en el RNP de un integrante de consorcio es una transgresión legal que debe ser comunicada al Tribunal de Contrataciones del Estado; y la promesa formal de consorcio debe contener firmas legalizadas, siendo subsanable la legalización notarial pero no el contenido mínimo.
Ver criterio →En el procedimiento de recepción de obra bajo la anterior normativa, el plazo para subsanar observaciones no debe computarse excluyendo el día de la suscripción del acta o pliego, iniciando dicho plazo ese mismo día.
Ver criterio →Hasta el 31 de diciembre de 2025 se podía designar CAJPRD no inscritos en el REGAJU para administrar JPRD; desde el 1 de enero de 2026, la administración debe realizarse por CAJPRD inscritos en el REGAJU con adjudicadores en sus nóminas.
Ver criterio →El procedimiento de liquidación es indispensable para el cierre técnico y financiero de contratos de obra y consultoría, aplicable incluso en nulidades atribuibles al contratista; la subsanación de observaciones requiere pronunciamiento formal sin aceptación automática; el pago y devolución de garantías son obligaciones imperativas para la entidad, cuyo incumplimiento no afecta la firmeza de la liquidación; y el plazo para el pago se inicia desde el día siguiente al consentimiento o firmeza administrativa de la liquidación.
Ver criterio →Los adjudicadores formalmente designados antes del 1 de enero de 2026 pueden continuar conociendo y resolviendo controversias posteriores a esa fecha, aun cuando no pertenezcan a nóminas inscritas en el REGAJU, siendo el requisito de inscripción aplicable solo a designaciones futuras.
Ver criterio →La penalidad reglamentaria se aplica por cada profesional ausente que formaba parte del personal acreditado y por cada día de ausencia durante la ejecución del contrato, y el término 'personal acreditado' se refiere exclusivamente al personal clave presentado y validado para el perfeccionamiento del contrato.
Ver criterio →La ampliación presupuestal se emite sobre la base del monto ofertado íntegro; la negociación busca ajustar la oferta para que se adecúe a la cuantía; la cuantía puede ser reservada y no debe revelarse; la reducción de prestaciones es viable solo si no afecta la satisfacción de necesidades y cuenta con conformidad del área usuaria.
Ver criterio →Un postor individual puede acreditar experiencia adquirida en consorcio presentando la facturación y la documentación que demuestre su porcentaje de participación; las reglas específicas para consorcios aplican solo a ofertas conjuntas.
Ver criterio →Para acreditar la experiencia del postor en consultorías de obra, se puede presentar contratos y liquidaciones aprobadas o consentidas conforme al artículo 215 del Reglamento, incluyendo aquellas aprobadas por silencio administrativo o laudo arbitral, siempre que se aporte documentación que sustente fehacientemente dicha aprobación o consentimiento.
Ver criterio →El impedimento por adquisición vía fusión o absorción de empresas inhabilitadas entró en vigencia el 3 de abril de 2017; antes de esa fecha, la sociedad absorbente no heredaba automáticamente la sanción, pero podía estar impedida bajo otros supuestos previstos en la normativa anterior si se cumplían las condiciones establecidas.
Ver criterio →Los regidores provinciales estaban impedidos de contratar con el Estado solo en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce meses después, y dicho impedimento no puede aplicarse por analogía a supuestos distintos a los previstos en la ley.
Ver criterio →La competencia para resolver solicitudes de ampliación de plazo en contratos de obra y para aprobar o denegar subcontrataciones corresponde al órgano o funcionario que, conforme a los documentos de gestión interna de la entidad contratante, tenga atribuciones para adoptar decisiones en materia de gestión contractual.
Ver criterio →El criterio del Acuerdo de Sala Plena Nº 003-2021/TCE que exceptúa la función docente de los impedimentos para contratar con el Estado es aplicable bajo la Ley Nº 32069.
Ver criterio →Para solicitar la sustitución del personal clave, el profesional reemplazante debe tener un perfil igual o mayor al establecido en las bases del procedimiento de selección y, si el profesional reemplazado generó puntaje, el reemplazante debe acreditar al menos ese mismo nivel para mantener el puntaje obtenido.
Ver criterio →La cancelación del procedimiento de selección en procedimientos no competitivos puede aplicarse desde la aprobación del expediente de contratación hasta antes de la adjudicación, la cual se produce con la aprobación del procedimiento tras la presentación y evaluación de la oferta del proveedor invitado.
Ver criterio →En la contratación directa por situación de emergencia, la Entidad puede modificar el requerimiento para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas únicamente hasta antes de la aprobación de la contratación directa o perfeccionamiento del contrato; luego de ello, no es posible modificar el contrato ni sus términos, y la justificación prevista en el numeral 29.11 del artículo 29 del anterior Reglamento no resulta aplicable en este contexto.
Ver criterio →Independientemente de que el contrato contemple entregables parciales o prestaciones periódicas, el monto máximo acumulable por penalidades no puede exceder el 10% del monto vigente total del contrato o del ítem correspondiente.
Ver criterio →El impedimento por parentesco no alcanza a excónyuges tras el divorcio; la excepción por experiencia para desafectar impedimentos se limita a contratos menores ejecutados con la misma Entidad y la experiencia en servicios debe ser continua por dos años.
Ver criterio →Corresponde a la Dependencia Encargada de las Contrataciones registrar la constancia de prestación en el módulo de Ejecución Contractual del SEACE de la Pladicop, pudiendo ser descargada desde el buscador público de contratos del SEACE.
Ver criterio →Los arbitrajes iniciados antes de la vigencia de la Ley N° 32069 continúan bajo la normativa anterior; los iniciados después deben cumplir requisitos actuales y registrar información en las plataformas digitales vigentes; el Consejo de Ética referido en el Reglamento corresponde a la normativa anterior y no tiene vigencia en la actual.
Ver criterio →Es posible contratar directamente la ejecución del saldo de obra bajo el sistema diseño y construcción invocando la causal del literal k) del artículo 55 de la Ley, observando las reservas del artículo 100 del Reglamento, y la aplicación de la metodología Fast Track es una decisión de gestión sujeta a justificación técnica y cumplimiento de condiciones normativas.
Ver criterio →A partir del 1 de enero de 2026, si la institución arbitral designada en el contrato no está inscrita en el REGAJU, el arbitraje debe iniciarse ante cualquier institución inscrita en dicho registro, considerando la envergadura del arbitraje, y esta regla aplica también para contratos bajo la Ley Nº 30225.
Ver criterio →Las contrataciones para la publicación de normas legales en el Diario Oficial El Peruano no se encuentran sujetas a la normativa de contrataciones públicas vigente, por existir un mandato constitucional expreso que determina su contratación directa con el proveedor único.
Ver criterio →En contratos bajo el sistema a suma alzada, el postor ofrece un monto fijo integral que cubre el costo total de la obra, asumiendo el riesgo de mayores metrados, mientras que la entidad asume el riesgo de menores metrados, debiéndose pagar el íntegro de la contraprestación fijada en cualquiera de los casos.
Ver criterio →Una Entidad contratante puede aplicar el numeral 186.6 del artículo 186 del Reglamento para designar un inspector o equipo de inspectores hasta la culminación del contrato principal o hasta contratar una nueva supervisión, siempre que se cumplan las condiciones previstas en dicha disposición.
Ver criterio →La decisión de conciliar o no corresponde a la autoridad de gestión administrativa, sustentada en informes técnicos, legales y de la Procuraduría Pública; la autorización para conciliar debe ser otorgada por dicha autoridad mediante resolución, y la participación de la Procuraduría Pública abarca tanto el análisis previo como el registro del acta de conciliación.
Ver criterio →El comité de selección comprende necesariamente a un integrante que ostente la condición de comprador público de la Dependencia encargada de las contrataciones (DEC), pudiendo los demás integrantes ser proveedores contratados mediante la modalidad de locación de servicios.
Ver criterio →Desde el 1 de enero de 2026, para arbitrajes encargados al Sistema Nacional de Arbitraje, las partes deben iniciar el arbitraje ante una institución arbitral inscrita en el REGAJU; antes de esa fecha, el inicio podía realizarse ante cualquier institución arbitral sin obligatoriedad de inscripción.
Ver criterio →La normativa no exige que la entidad verifique o valide la capacidad máxima o libre de contratación para la admisión de ofertas, ni que el postor presente documentación adicional para acreditar dichas capacidades; solo se requiere la constancia de capacidad libre de contratación para el perfeccionamiento del contrato.
Ver criterio →El impedimento para contratar con el Estado limita la participación en nuevos procedimientos y la celebración de nuevos contratos, pero no afecta la ejecución de contratos vigentes ni la suscripción de adendas; en cambio, impide la celebración de contratos complementarios salvo excepciones normativas.
Ver criterio →El impedimento para los parientes de servidores públicos del tipo 1.F opera automáticamente mientras el servidor mantenga vínculo laboral vigente con la entidad y, dentro de los seis meses posteriores al cese, solo si se verifica que el servidor tuvo influencia, poder de decisión o acceso a información privilegiada en el proceso específico; no se presume que un jefe de equipo en empresa del Estado tenga siempre influencia en todos los procesos; la calificación bajo el impedimento tipo 1.D depende de las normas que regulan sus funciones y no solo de la Ley N° 30057.
Ver criterio →No es viable contratar la continuación de prestaciones pendientes de un contrato resuelto que deriva de una contratación directa mediante el procedimiento de selección no competitivo previsto en el literal k) del artículo 55.1 de la Ley General de Contrataciones Públicas.
Ver criterio →La anterior normativa contemplaba cuatro supuestos para aprobar prestaciones adicionales en contratos de supervisión de obra, con límites y condiciones específicas; las variaciones en plazo o ritmo de trabajo pueden generar prestaciones adicionales o solo ampliaciones de plazo, y la autorización de la Contraloría es necesaria solo cuando se superan ciertos límites.
Ver criterio →Bajo la normativa anterior, la Entidad no puede declarar improcedente una ampliación de plazo luego de operada la aprobación automática por silencio positivo, ni está obligada a emitir acto formal de reconocimiento; bajo la normativa vigente, la aprobación automática se mantiene y se debe registrar en el SEACE mediante Pladicop en un plazo máximo de dos días hábiles tras vencido el plazo para pronunciarse.
Ver criterio →En procesos de selección para obras, la experiencia del postor debe acreditarse con la documentación y requisitos establecidos, sin que la modalidad Gobierno a Gobierno o el uso de contratos NEC determinen por sí solos la validez de dicha experiencia; asimismo, la acreditación ante el RNP y en procesos de selección se rigen por reglas propias y restricciones específicas.
Ver criterio →En procedimientos de selección para obras y consultoría de obras con factores de evaluación de experiencia específica adicional o formación académica adicional del personal clave, el requisito de equipamiento estratégico debe acreditarse en la suscripción del contrato y no en la presentación de ofertas.
Ver criterio →La notificación de la resolución contractual en contratos menores, por cualquier causal distinta al literal b) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley, debe realizarse mediante los medios físicos y digitales disponibles para la entidad contratante mientras no sea obligatorio el uso de la Plataforma de Contratos Menores de la Pladicop.
Ver criterio →La autorización previa para la ejecución de mayores metrados corresponde al supervisor o inspector mediante anotación en el cuaderno de obra, sin requerir aprobación previa de la Entidad para la ejecución; el procedimiento para aprobación y pago está regulado en los numerales 205.10, 205.11 y 205.12 del anterior Reglamento; y la Entidad puede denegar el pago si lo ejecutado no cumple con la definición técnica de mayor metrado, especialmente si es una modificación del diseño no aprobada.
Ver criterio →Bajo la Ley Nº 30225 y su Reglamento, el OEC podía sugerir modificaciones al requerimiento técnico con aprobación del Área Usuaria y debía determinar el valor estimado mediante indagación de mercado con un margen discrecional sustentado en la normativa aplicable.
Ver criterio →Una entidad puede contratar proveedores para que presten servicios como expertos en comités, siempre que cumplan con la experiencia requerida; sin embargo, solo los evaluadores con vínculo laboral con la entidad contratante pueden acceder al incentivo económico anual previsto en la normativa.
Ver criterio →Los locadores de servicios no son considerados compradores públicos; solo los funcionarios y servidores públicos de la Dependencia encargada de las contrataciones pueden ser compradores públicos, sin perjuicio de que las Entidades puedan contratar locadores para prestar servicios específicos y autónomos.
Ver criterio →Cuando el artículo 209 del anterior Reglamento condiciona la liquidación final a la resolución y consentimiento de controversias, se refiere a controversias resueltas y consentidas mediante conciliación, arbitraje o JRD; el recurso de anulación solo evalúa la validez del laudo y no suspende su cumplimiento ni ejecutividad.
Ver criterio →El plazo de diez (10) días para solicitar la entrega del adelanto directo en contratos de ejecución de obra debe entenderse computado en días calendario, conforme a la regla general del artículo 105.3 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
Ver criterio →Un proveedor inhabilitado no puede participar ni contratar con el Estado, incluyendo contratos complementarios, y esta restricción se extiende a consorcios que lo integren. Para inaplicar temporalmente un impedimento en contrataciones complementarias, la entidad debe verificar que el contratista sea el único con habilitación legal o capacidad para proveer el bien o servicio y que exista riesgo de desabastecimiento, debiendo documentar este análisis.
Ver criterio →Los procesos de contratación convocados hasta el 21 de abril de 2025 que no hayan concluido al 22 de abril de 2025 se rigen por la Ley Nº 30225 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF.
Ver criterio →Corresponde a la parte afectada por el incumplimiento determinar si la resolución debe ser total o parcial, sustentando el cumplimiento de los requisitos legales para la resolución parcial, la cual solo afecta la parte incumplida y permite continuar con la ejecución del resto del contrato.
Ver criterio →No es necesario que la Entidad realice una estrategia de contratación para inaplicar temporalmente un impedimento en contrataciones complementarias; sin embargo, debe verificar la unicidad del contratista con habilitación legal o capacidad para proveer el bien o servicio y la existencia de riesgo de desabastecimiento conforme al numeral 40.2 del artículo 40 del Reglamento.
Ver criterio →El titular de la entidad puede delegar la facultad de aprobar procedimientos de selección no competitivos en los supuestos b), c) y k) del artículo 55.1 de la Ley General de Contrataciones Públicas en la autoridad de gestión administrativa u otra dependencia, conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento.
Ver criterio →Para mayores metrados en obras bajo sistema a precios unitarios, incluso si superan el 15% pero no el 50% del monto contratado, no es necesaria la autorización previa de la Entidad ni de la Contraloría General de la República; en cambio, para prestaciones adicionales de obra que superen el 15%, sí se requiere dicha autorización.
Ver criterio →La Entidad debe definir y sustentar la estrategia de contratación más idónea y eficiente para su requerimiento, pudiendo convocar procedimientos según relación de ítems, tramos, lotes, contratación por paquetes o consorcios, sin vulnerar la prohibición de fraccionamiento, verificando el cumplimiento de las condiciones normativas aplicables.
Ver criterio →La retribución, costos y gastos de la JPRD y del centro que la administra forman parte del presupuesto de inversión pública, pero no del presupuesto de obra; el contratista debe asumir el 50% de dichos costos con recursos propios y sin derecho a reembolso.
Ver criterio →La normativa permite que, en procesos de escisión con cesión de posición contractual aprobada, la nueva persona jurídica continúe la ejecución del contrato y acredite la experiencia adquirida para procedimientos ante el RNP, y se permite acreditar experiencia mediante subcontratos de obras públicas conforme a los requisitos normativos.
Ver criterio →Para el cálculo del límite del 15% previsto en el numeral 34.6 del artículo 34 de la anterior Ley, solo deben considerarse prestaciones adicionales de supervisión originadas por variaciones en plazo o ritmo de trabajo de la obra bajo ese mismo supuesto; el límite del 25% previsto en el numeral 157.1 del artículo 157 del anterior Reglamento se aplica a prestaciones adicionales originadas en aspectos propios del contrato de supervisión.
Ver criterio →El impedimento por participación accionarial de alcaldes distritales se aplica únicamente a la persona jurídica con participación mayor al 30%, no a los accionistas naturales, y es aplicable a todas las contrataciones públicas, incluyendo las menores a 8 UIT.
Ver criterio →La autoridad de gestión administrativa evalúa y decide sobre la conciliación, emitiendo el informe respectivo y, cuando sea necesario, la resolución autoritativa que autorice arribar a un acuerdo conciliatorio, apoyándose en informes técnicos y legales, incluyendo los del procurador público conforme a sus funciones.
Ver criterio →Las contrataciones de bienes y servicios efectuadas por un Órgano del Servicio Exterior para su funcionamiento y gestión, en las que el servicio se preste o el bien se entregue en territorio nacional, no se encuentran dentro del supuesto excluido del literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley General de Contrataciones Públicas.
Ver criterio →La notificación de la resolución de contratos menores se realiza mediante carta notarial hasta la implementación de la Pladicop, y las entidades contratantes pueden establecer causales de resolución que incluyan las previstas en la Ley y/o en el Código Civil.
Ver criterio →Un mayor metrado se configura con el incremento del metrado de una partida singularmente considerada en el presupuesto de obra, sin importar partidas similares en otros componentes, y cada partida debe valorizarse y pagarse individualmente; la aprobación de mayores metrados o prestaciones adicionales debe evaluarse conforme a los requisitos normativos y el caso concreto.
Ver criterio →En procedimientos de Concurso Público de Servicios, la documentación obligatoria para la admisión de ofertas está expresamente determinada en el Reglamento y las Bases Estándar, y no es posible que los evaluadores incorporen documentación adicional para la admisión de ofertas.
Ver criterio →Las contrataciones complementarias celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF se rigen por estos dispositivos legales, aun cuando el contrato original haya sido suscrito bajo la normativa anterior.
Ver criterio →La desafectación de impedimentos por parentesco es aplicable a personas jurídicas sin fines de lucro tipo 3.B y 3.C conforme a las condiciones de experiencia y vinculación previstas en la Ley General de Contrataciones Públicas, debiendo acreditarse la ejecución efectiva y continua de contratos en el mismo tipo de objeto al que postulan.
Ver criterio →Para acreditar el factor Integridad en la contratación pública, el certificado ISO 37001 debe corresponder a la sede, filial u oficina que ejecuta la prestación y estar vigente; si la certificación solo alcanza ciertas funciones, estas deben estar a cargo de la prestación para ser válidas.
Ver criterio →Para aplicar la desafectación de impedimentos por parentesco, se debe acreditar la ejecución efectiva de contratos en el mismo tipo de objeto, con cumplimiento de condiciones temporales específicas para bienes, obras y servicios, y presentar las declaraciones juradas y documentación sustentatoria en las fases correspondientes del procedimiento de contratación.
Ver criterio →El impedimento para ejercer la función de árbitro o adjudicador por más de tres recusaciones fundadas se configura con cuatro o más recusaciones declaradas fundadas y resueltas en arbitrajes sobre contrataciones públicas en los últimos dos años, aplicándose independientemente de la fecha de resolución respecto a la vigencia de la Ley y sin requerir procedimiento sancionador previo.
Ver criterio →Los locadores de servicios no son considerados compradores públicos; solo los funcionarios y servidores públicos de la Dependencia encargada de las contrataciones pueden ser compradores públicos, sin perjuicio de que las entidades puedan contratar locadores para prestar servicios específicos y autónomos en dicha dependencia.
Ver criterio →Es viable utilizar el procedimiento de selección no competitivo para contratar prestaciones pendientes derivadas de contratos de consultoría de obra para elaboración de expedientes técnicos resueltos o nulos, pero no para la contratación directa de supervisión vinculada a dichos contratos. Asimismo, no es posible aplicar procedimientos del anterior Reglamento a partir de la vigencia de la Ley N° 32069 y su Reglamento.
Ver criterio →La formulación del requerimiento es responsabilidad del área usuaria y la elaboración de las bases del procedimiento de selección es responsabilidad del órgano a cargo del procedimiento, debiendo cualquier modificación al requerimiento ser aprobada por el área usuaria.
Ver criterio →Las reglas para la suscripción del contrato establecidas en el artículo 148 modificado son aplicables a procesos convocados desde el 20 de setiembre de 2012 y la Ley de Procedimiento Administrativo General puede aplicarse supletoriamente solo en ausencia o deficiencia normativa en el proceso de selección.
Ver criterio →Desde el 22 de abril de 2025 no es posible aplicar el artículo 167 del anterior Reglamento para la contratación de prestaciones pendientes derivadas de contratos resueltos o nulos, independientemente de la fecha de convocatoria; en su lugar, debe aplicarse el procedimiento de selección no competitivo previsto en la Ley vigente.
Ver criterio →La normativa prevé que la verificación posterior de la oferta ganadora se inicia tras el consentimiento de la buena pro, pero la entidad puede anticipar actividades de verificación antes de dicho consentimiento para asegurar la integridad y eficiencia del proceso.
Ver criterio →Conforme a la anterior normativa, la penalidad por mora máxima aplicable en un contrato de ejecución única con entregas parciales es el 10% del monto total del contrato vigente, y el término 'ítem' no se refiere a entregas parciales sino a ítems en contratos con relación de ítems.
Ver criterio →Para la aplicación del procedimiento de comparación de precios, los bienes deben estar entregados y los servicios implementados en un plazo máximo de cinco días hábiles, siendo este plazo para la entrega o implementación y no para la duración total del contrato.
Ver criterio →Es posible que el Titular de la entidad asuma las funciones de la Autoridad de la Gestión Administrativa según las normas internas, y puede delegar las funciones asignadas en los procesos de contratación pública, excepto aquellas indelegables establecidas en el Reglamento.
Ver criterio →La mora en contratos de supervisión se configura por retraso en el inicio de la supervisión y debe sancionarse con la penalidad prevista en el artículo 162 del Reglamento; el retraso en aprobación y registro de valorizaciones no configura mora pero puede sancionarse con otras penalidades objetivas y proporcionales conforme al artículo 163 del Reglamento.
Ver criterio →La contratación directa conforme al literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley para prestaciones pendientes de contratos resueltos o nulos debe ser evaluada por la entidad contratante con fundamentos técnicos, incluso si el contrato está sometido a arbitraje, y debe cumplir con lo dispuesto en el literal k) del artículo 100 del Reglamento.
Ver criterio →El área usuaria es responsable de sustentar la viabilidad técnica del fast track y la DEC debe verificar dicho sustento y el cumplimiento de condiciones normativas para su aplicación en obras bajo diseño y construcción.
Ver criterio →El Comité Especial tenía competencia exclusiva en la fase de selección del proceso de contratación, sin facultades en las fases de actos preparatorios ni ejecución contractual, y las entidades podían asignar otras responsabilidades específicas mediante su normativa interna.
Ver criterio →Las contrataciones realizadas por Entidades de la Administración Pública que impliquen erogación de fondos públicos están comprendidas en el ámbito de la normativa de contrataciones públicas y deben cumplir con sus disposiciones; sin embargo, el OECE no puede determinar la naturaleza jurídica específica de cada acuerdo o si un desembolso es erogación de fondos públicos, lo que debe analizarse según cada caso y normativa especial.
Ver criterio →A partir del 22 de abril de 2025 no es posible aplicar el procedimiento del artículo 167 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF para contratos resueltos o declarados nulos, sin importar la fecha de resolución o nulidad.
Ver criterio →Los presupuestos deductivos vinculados no incluyen gastos generales fijos y pueden incluir gastos generales variables si se identifica reducción del plazo contractual tras análisis de la ruta crítica.
Ver criterio →El requerimiento debe recoger la ficha técnica aprobada sin modificaciones salvo requisitos obligatorios; el evaluador define los factores de evaluación conforme a las Bases estándar, pudiendo ajustar número y puntajes, pero no menos de dos factores; los requisitos de calificación se determinan según las Bases estándar de la modalidad abreviada.
Ver criterio →La Directiva es aplicable únicamente a personas jurídicas que gestionan arbitrajes y juntas en materia de contrataciones públicas y no a aquellas que resuelven controversias entre privados sin participación del Estado.
Ver criterio →El oficial de compra es un funcionario o servidor de la dependencia encargada de las contrataciones, designado internamente por la entidad sin un acto administrativo específico, y durante el régimen de transición puede contar con certificación de cualquier nivel para ejercer sus funciones.
Ver criterio →Es viable contratar la supervisión de un saldo de obra mediante procedimiento no competitivo conforme al literal k) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley, cuando el saldo deriva de un contrato resuelto o declarado nulo proveniente de un procedimiento competitivo, incluso si el contrato original se celebró bajo la Ley N° 30225.
Ver criterio →Un contrato de supervisión de obra celebrado bajo la normativa vigente debe ejercer sus funciones de supervisión conforme a la normativa que regula el contrato de obra supervisado, incluso si este último fue celebrado bajo la normativa anterior, asegurando el cumplimiento técnico, económico y administrativo del contrato de obra.
Ver criterio →En procesos ad hoc donde el OECE tenía competencia para servicios arbitrales, las partes deben recurrir a una institución arbitral inscrita en el REGAJU; sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2025 y conforme a la comunicación del OECE, pueden acudir a instituciones arbitrales no inscritas en el REGAJU para dichos servicios.
Ver criterio →El concepto de compradores públicos no incluye a cualquier funcionario o contratista, sino únicamente a quienes forman parte de la dependencia encargada de las contrataciones y asumen funciones expresamente asignadas relacionadas con la gestión integral del proceso de contratación pública.
Ver criterio →Cuando se reduce el plazo de ejecución de obra por reducción de prestaciones que forman parte de la ruta crítica, deben reducirse los gastos generales variables vinculados a dicha reducción, aunque la normativa anterior no establecía un procedimiento para calcularlos.
Ver criterio →Cuando el inicio de la participación efectiva del personal acreditado se posterga por causas no imputables al contratista ni a las partes, la entidad contratante debe evaluar el caso concreto para determinar si existe incumplimiento, pudiendo considerar dicho periodo de postergación como parte del periodo mínimo de permanencia exigido por el numeral 190.2 del artículo 190 del anterior Reglamento.
Ver criterio →La Dirección de Estrategia de Contratación debe incluir en el requerimiento los requisitos de calificación obligatorios según las Bases Estándar del procedimiento competitivo correspondiente y evaluar la inclusión de requisitos facultativos en procedimientos no competitivos.
Ver criterio →Los impedimentos para participar en contrataciones públicas por parentesco y cargo público se aplican conforme al ámbito territorial de funciones del funcionario durante el ejercicio del cargo y hasta seis meses posteriores, con alcance nacional durante el cargo para gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, y territorial para consejeros regionales y regidores.
Ver criterio →En el marco de la anterior normativa, el comité de selección tenía el deber de conducir el procedimiento de selección observando el principio de presunción de veracidad, mientras que la verificación de la autenticidad y veracidad de la oferta del postor ganador correspondía al órgano encargado de contrataciones mediante fiscalización posterior.
Ver criterio →La normativa permite subsanar errores que no alteren el contenido esencial ni el sentido de la oferta; los evaluadores determinan la procedencia de la subsanación conforme al artículo 78 del Reglamento; los documentos emitidos por entidades públicas o privadas con función pública deben ser emitidos antes de la fecha de presentación para ser subsanables, pero esta regla no aplica a la subsanación de firmas en declaraciones juradas, formatos o formularios; la firma digital debe cumplir la Ley Nº 27269 y normativa aplicable.
Ver criterio →Se ratifica que los contratos bancarios y financieros provenientes de servicios financieros están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley N° 32069 y que la SBS es el organismo competente para pronunciarse sobre la naturaleza de dichos servicios y contratos.
Ver criterio →Para el cálculo de la penalidad por mora en contratos a precios unitarios, debe aplicarse la fórmula con el plazo y monto vigente, siendo este último el monto resultante de las valorizaciones de los metrados ejecutados y las modificaciones contractuales aplicadas al contrato original.
Ver criterio →Se encuentran impedidas de participar en procesos de contratación pública a nivel nacional las personas naturales inscritas en el RNSSC por infracciones relacionadas con su actuación en contratación pública, mientras dure la inscripción o sanción.
Ver criterio →Los Consejeros Regionales están impedidos de contratar con entidades públicas dentro de su ámbito territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce meses después; la contratación de notarios públicos excluida del ámbito de aplicación de la Ley se limita a servicios notariales específicos, pero cuando la contratación de servicios notariales forma parte de la función de abastecimiento, se aplican los impedimentos; los impedimentos no son aplicables a todos los supuestos excluidos del artículo 4, debiendo analizarse caso por caso conforme a la naturaleza del contrato y marco normativo.
Ver criterio →Los proveedores extranjeros no domiciliados pueden inscribirse en el RNP y participar en procedimientos de selección sin necesidad de contar con domicilio legal en Perú, debiendo declarar un domicilio en el formulario de inscripción.
Ver criterio →Las valorizaciones aprobadas pendientes de pago que forman parte de los fondos de la cuenta mancomunada y que deben constar en la resolución que aprueba la intervención económica son las aprobadas por el supervisor o inspector y que cuentan con la conformidad del área usuaria u órgano competente de la Entidad.
Ver criterio →El procedimiento y plazo para emitir la conformidad no incluyen la notificación al contratista; las notificaciones en ejecución contractual se rigen supletoriamente por el Código Civil; y en Compras Corporativas con Administración Delegada, la Entidad encargada asume la calidad de Entidad contratante y puede realizar las pruebas necesarias para otorgar la conformidad conforme al procedimiento anterior.
Ver criterio →La experiencia del personal clave se acredita con documentos que demuestren el tiempo real de ejecución efectiva de actividades, considerando que durante paralizaciones o suspensiones solo se computa experiencia si hubo prestación efectiva de servicios.
Ver criterio →Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 y su Reglamento, todo proceso de contratación, incluida la contratación directa para prestaciones pendientes derivadas de contratos resueltos, debe regirse por la normativa vigente, y la causal de contratación directa prevista solo es aplicable cuando el contrato original proviene de un procedimiento competitivo.
Ver criterio →La ampliación de plazo por atrasos o paralizaciones ajenas al contratista es procedente si se sustenta objetivamente y se sigue el procedimiento previsto en el artículo 198 del anterior Reglamento; el supervisor o inspector debe emitir informe técnico para la evaluación y la Entidad resolverá la solicitud.
Ver criterio →En la etapa de recepción de obra regulada por el artículo 178 del anterior Reglamento, el supervisor debe ser pagado bajo el sistema de tarifas conforme a la ejecución real de sus actividades, salvo que existan observaciones cuya subsanación no genera derecho a pago por supervisión.
Ver criterio →La Entidad participante es responsable del pago y de asumir intereses por retraso en contratos derivados de compras corporativas con administración delegada, no la Entidad encargada.
Ver criterio →Es posible aprobar prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en plazo o ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, siempre que se cumplan las condiciones normativas y el costo no supere el 15% del monto contratado de supervisión, considerando solo prestaciones adicionales bajo este supuesto y no las generadas por adicionales de obra o aspectos propios del contrato de supervisión.
Ver criterio →En caso de incumplimiento simultáneo de los plazos para inicio de obra y constitución del fideicomiso, corresponde un único resarcimiento bajo el numeral 176.4 del artículo 176 del Reglamento, y para el resarcimiento por demora en la constitución del fideicomiso es obligatorio que el contratista realice un requerimiento previo con plazo de subsanación de diez días.
Ver criterio →No es posible contratar mediante procedimiento no competitivo para continuar prestaciones pendientes antes de la resolución o declaración de nulidad notificada. Cada entidad debe evaluar la aplicación de mecanismos legales para atender situaciones extraordinarias que permitan evitar la interrupción de prestaciones.
Ver criterio →La anterior normativa otorgaba al Titular de la Entidad la potestad reglada para declarar nulidad de oficio de actos administrativos hasta antes de la celebración del contrato en causales específicas, y la Entidad podía declarar nulidad de contratos en los supuestos del numeral 44.3 del artículo 44, mientras que la nulidad basada en causales del Código Civil corresponde resolverla al árbitro o tribunal arbitral.
Ver criterio →No procede la aprobación de prestaciones adicionales en contratos por selección no competitiva por desabastecimiento; para ejecutar adicionales se debe aprobar una nueva contratación mediante procedimiento no competitivo, generando un nuevo contrato.
Ver criterio →Cuando la interrupción de la ejecución es imputable a la entidad, la suspensión del plazo requiere autorización previa de la autoridad de gestión administrativa; tras la suspensión, no procede solicitar ampliación de plazo por los mismos hechos, salvo que se presenten nuevos hechos que justifiquen dicha ampliación conforme a la normativa.
Ver criterio →La Entidad debe evaluar y sustentar en la Estrategia de contratación que la situación de desabastecimiento invocada es extraordinaria e imprevisible y compromete la continuidad de sus funciones para poder emplear el procedimiento de selección no competitivo conforme al literal c) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley y artículo 100 del Reglamento.
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